Servicios ambientales e incentivos
Los pagos por servicios ambientales (PSA), son incentivos ofrecidos a
agricultores y propietarios de tierras a cambio de administrar sus tierras para
proporcionar algún servicio ecológico. Mediante este sistema se intenta
promover la conservación de recursos naturales asignándoles un valor de
mercado, aunque en algunos lugares también ha funcionado como herramienta de
desarrollo rural. Los programas de PSA suelen estar financiados por gobiernos e
involucran a intermediarios en el proceso, habitualmente ONGs.
Esta actividad es bastante reciente y sus inicios se remontan a finales de
la década de 1990 en Costa Rica. Aunque poco a poco se ha ido extendiendo en la
actualidad esta práctica está concentrada en América y algunos lugares de Asia.
En Europa, no se conocen proyectos de este tipo y en África sólo existen unos
pocos ejemplos.
La organización MasBosques es una organización sin ánimo de lucro que
promueve la conservación u el uso sostenible de los recursos naturales. Además,
participa de intermediario en algunos procesos de PSA, como el PSA Cundinamarca
situado en Colombia, muy cerca de la capital. Cundinamarca es una departamento
situado en los andes y cuenta con 11 cuencas hídricas que abastecen de agua tanto
a su departamento como a otros cercanos.
En esta iniciativa se han realizado 26 acuerdos colectivos y se han contado
con 2 comunidades indígenas, siendo el área a proteger es de cerca de 2.800
hectáreas. El objetivo de su proyecto es promover la conservación de
ecosistemas estratégicos. Para ello, aportan incentivos a los propietarios de
las tierras aportando entre 400.000 (95€) y 600.000 (142€) pesos por hectárea.
Esos incentivos han de ser destinados al uso de semillas orgánicas, abonos,
inversiones en el ahorro del agua y su eficiencia y demás cometidos
relacionados con la conservación del ecosistema.
Este proyecto es uno de los PSA más exitosos y ha conseguido implicar a
toda una comarca con el fin de proteger su entorno rural. El triángulo generado
entre la administración pública, propietarios particulares y una ONG, esta
última haciendo de intermediaria, ha funcionado y los resultados están siendo
notorios en la comarca. La aceptación y la confianza son claves en esta serie
de colaboraciones y la revisión externa que realiza MasBosques es fundamental
para el funcionamiento del proyecto.
Aunque este proyecto en concreto esté dando sus frutos, los pagos por
servicios ambientales es un tema bastante controvertido. El uso eficiente y
sostenible de las tierras no tiene que ser dependiente de un incentivo económico
sino una responsabilidad con la sociedad y con el ecosistema. Estas prácticas
no han sido llevadas a cabo en Europa pero su implantación es un tanto dudosa y
tendría que estar sometida a revisiones constantes para evitar conflictos de
interés.
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